miércoles, 11 de enero de 2012


                                                              
                                              
CHA va a exigir en DPZ el apoyo a la actual red de Oficinas                   Comarcales Agroambientales
El Portavoz del grupo provincial de CHA, Bizén Fuster, ha
indicado que “la propuesta viene fundada ante un borrador
de Decreto de reestructuración del Gobierno de Aragón que
contempla la supresión y el rediseño de hasta 18 oficinas,
7 de ellas en Zaragoza”

El grupo provincial de CHA va a exigir al pleno de Diputación
de Zaragoza, que se celebra mañana, un posicionamiento firme
favor de la actual red de Oficinas Comarcales Agroambientales,
ante la existencia de un borrador de Decreto de reestructuración
el Gobierno de Aragón en el que se contempla la supresión y el
rediseño de hasta 18 oficinas, de ellas siete en la provincia de
aragoza: Tauste, Épila, Zuera, Ariza, Bujaraloz, Sádaba y
Sos del Rey Católico.

El Portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha señalado que “en Aragón
existen actualmente 48 Oficinas Comarcales de Agricultura y
Alimentación, las llamadas OCAS” y ha recordado que “Las OCAS
son unidades del Departamento de Agricultura que permiten un
acercamiento real de la gestión a la ciudadanía y son, además,
el primer eslabón en la prestación de la importantísima actividad
administrativa en materia de agricultura y alimentación”.

Por todo ello, y consciente de la importancia de la agricultura y la
ganadería como sector económico estratégico en el medio rural y
de la necesidad de acercar los servicios a la ciudadanía, el grupo
provincial de CHA solicita al pleno de Diputación que inste al
Gobierno de Aragón a:

-Mantener la red actual de Oficinas Comarcales Agroambientales,
asegurando los recursos tanto materiales como humanos que
garanticen los servicios y funciones que en este momento ofrecen
y sin menoscabo de aumentarlos en los casos que se considere
necesario.

-Que cualquier modificación futura en la estructura y servicios
de las Oficinas Comarcales de Agricultura y Alimentación sea
consensuada con los colectivos profesionales y municipios
implicados, tras un proceso de información pública.